INTRODUCCIÓN.
Tal vez sea usted uno de los campurrianos que cada 8 de Diciembre se acerca a la parroquia de San Sebastián de Reinosa para escuchar el "sermón de la peseta". Reunidos los alcaldes de los once municipios del territorio de la antigua merindad de Campoo, se conmemora el acuerdo suscrito el año 1880 entre el Ayuntamiento General y los Padres Dominicos de Nuestra Señora de Montesclaros. ¿El motivo?: el pago de la renta de una peseta que un fraile de la comunidad abona cada año a los representantes de la merindad, recordando que desde 1844 es la propietaria del monasterio, al haberlo comprado durante la desamortización de Mendizábal.
El siguiente artículo pretende proporcionar una imagen de conjunto de la evolución de las diversas fases desamortizadoras en la zona de Campoo. Aunque "la desamortización" por excelencia parece ligada al nombre de Mendizábal, no está de más descubrir los antecedentes que tuvo este intento de reforma de la política liberal, cuyos efectos se prolongaron durante buena parte del siglo XIX.
[i]
LA DESAMORTIZACIÓN. CONCEPTO Y CUESTIONES GENERALES.
Francisco Tomás y Valiente, uno de los principales estudiosos de tema en España, señala que la desamortización se caracteriza por la "apropiación por parte del Estado y por decisión unilateral suya de bienes inmuebles pertenecientes a manos muertas, venta de los mismos y asignación del importe obtenido con las ventas a la amortización de los títulos de la deuda". Apunta que la desamortización muestra dos planteamientos: por un lado pretendía ser un "medio para hacer una reforma tímida de la economía y de la sociedad agraria", con la redistribución de la tierra de los grandes propietarios entre los campesinos para hacer productivos estos bienes hasta ahora subexplotados; de forma que redundara en el incremento de la riqueza del país y reforzara el equilibrio social. Pero, fundamentalmente, sirvió como "medio para pagar los intereses y capitales de la deuda pública".
Desde el siglo XVI, numerosos particulares e instituciones se venían desprendiendo, en un paulatino y voluntario goteo, de diversas propiedades como medio de afrontar la presión fiscal.
En la España de los siglos XVIII y XIX, el estado arrastraba una profunda crisis económica, que repercutía en el imparable incremento de la deuda pública; situación contextualmente agravada con la sucesión de conflictos como la guerra de sucesión que instaura la dinastía borbónica, la invasión francesa, el carlismo o la independencia americana, que jalonan el siglo pasado.
Así las cosas, el Estado dirigido por los sectores más liberales -bajo los influjos de la España ilustrada y al amparo de la Constitución de Cádiz- se planteó una serie de reformas para obtener ingresos económicos, y este sentido se inscribe el fenómeno de la Desamortización.
Se produjo así la expropiación forzosa de pertenencias "muertas", que pasaron a propiedad del estado. Esta transferencia de propiedades rompe y disuelve la vinculación feudal de unos dominios ligados durante generaciones a instituciones religiosas (monasterios, parroquias) y públicas (concejos, ayuntamientos) sin posibilidad de venta. También en esta época se suprime el mayorazgo.
La coyuntura política dotó de innegables ingredientes anticlericales a estas medidas políticas, al añadirse la exclaustración de los monasterios. Los bienes eclesiásticos, tanto muebles como inmuebles, fueron los primeros afectados; se comenzó con los conventos, pasando después al clero regular de las parroquias.
El mecanismo legal desamortizador se ponía en marcha con la expropiación; a continuación se establecían las juntas de tasación que fijaban los precios de salida de los bienes en pública subasta. El importe recaudado por esta solución compensadora iba destinado al Estado mientras los antiguos propietarios percibían una exigua porción. Lógicamente, el juego de la oferta y la demanda, la calidad (fincas rústicas -tierras, prados, huertos, baldíos, dehesas, montes-, casas...), cercanía o interés particular de los terrenos hicieron variar sustancialmente su cotización.
En las primeras etapas, los pagos se efectuaron con títulos de la deuda pública beneficiando a los compradores, que hicieron un buen negocio, y perjudicando los ingresos efectivos del Estado, al devaluarse su cotización hasta casi un 80% de su valor nominal. Con Mendizábal se incrementó por parte del estado la imposición del pago en metálico. En conjunto, la venta de las tierras no resultó lo eficaz y rentable que hubiera sido deseable para las arcas del estado.
Aunque en Cantabria y Campoo, el proceso no tuvo las grandes repercusiones que alcanzó en otras regiones, vamos a intentar dibujar sus principales pasos. Cabe precisar que la comarca campurriana (que hasta 1834 integra administrativamente la provincia de Palencia) registra dos tendencias de compra: al encontrarse lejos del área de influencia y de los intereses de los inversores de Santander, se nutre de compradores locales, pero la repercusión económica que produjo la apertura del camino Reinosa-Santander en el tráfico harinero por ejemplo y el valor estratégico de la ruta, supuso un incitador valor añadido que se apreciará claramente a mediados del siglo XIX.
LA DESAMORTIZACIÓN DE GODOY.
Las primeras privatizaciones de Cantabria tuvieron lugar entre 1800 y 1808. En general, no podemos hablar de una desamortización eclesiástica, ya que afectó también a bienes laicos, aunque implicara a una serie de instituciones relacionadas con la iglesia pero no integradas directamente dentro de su organización como obras pías, capellanías, fundaciones, cofradías, etc., establecidas como donación de los fieles para cumplir disposiciones testamentarias de carácter espiritual.
[ii]
Campoo acapara, sobre todo en los años 1805 y 1807, cerca de un 35% de los bienes vendidos en Cantabria (cuyo valor total ascendió a 5.460.543 reales). Si alguna ventaja tenía esta comarca meridional era la abundancia de "tierras", donde predominaba el cultivo de cereal, de mayor tamaño y más llanas que en el resto de nuestra actual provincia.
Se vendieron además otros tipos de bienes inmuebles: como casas o molinos, censos e incluso tres oficios. Así en 1805, Carlos Muñoz "presbítero cura párroco más antiguo" de la iglesia de San Sebastián de Reinosa compró un "oficio de Escribano del Número de Reinosa" por 23.995 reales que luego cedió a Manuel González Santelices, notario que trabajaba entonces en la villa campurriana, con lo cual prácticamente monopolizaba la actividad notarial de la zona
[iii]. Una casa de una memoria pía que Manuel Castañeda había legado a dicha parroquia fue adquirida en 1807 por Francisco Antonio Varona en segunda subasta.
Las propiedades estrictamente eclesiásticas constituyeron una mínima parte de los bienes enajenados. Gran parte eran baldíos, como las más de 128 hectáreas (Has.) que habían pertenecido a la ermita de Santa Marina del Otero (Valdeprado) compradas por Juan Fernando García del Barrio, vecino de Castrillo del Haya, y el cura del Reinosilla, José González Calderón por sólo 2.720 reales para luego venderlas al mismo precio a sus respectivos concejos.
Entre los vínculos laicos, sin duda la ferrería de Bustasur, conocida como "La Pendia", constituyó la propiedad más valiosa de las subastadas . Esta propiedad con "herramientas, pertrechos, martinete, oficinas, casa accesoria y huerta confinante a ella con un prado contíguo, de tres o cuatro carros de yerba, otro prado de dos carros y otro prado de veinte carros" fue adquirida por el importante comerciante santanderino Ramón López Dóriga, quién la vendió rápidamente a Ramón Rodríguez de Cosío con una suculenta ganancia en dinero en efectivo, lo que constituye un ejemplo nítido de la especulación que a veces acompañó estas operaciones.
Las transacciones registradas en Cantabria (en función de la cantidad subastada, no de la superficie) tienen como focos Santander y Campoo. Cinco municipios campurrianos (incluidos la Hermandad de Campoo de Suso, Enmedio, Campoo de Yuso y Las Rozas) se situaron entre los de mayor gasto desembolsado en la provincia, encabezados por Reinosa donde se enajenaron bienes por valor de 593.837 reales (similar a Santander), lo que suponía el 10,87% del total.
[iv]. Sin embargo en Valderredible no registró incidencia de esta temprana desamortización.
Un vistazo al origen social y geográfico de los compradores nos informa que el principal comprador de la comarca, y segundo de la provincia, es el comerciante Ramón Rodríguez de Cosío, reciente propietario de la ferrería de La Pendia. Pese a la lejanía de Campoo, otro santanderino, Santiago Lucio Villegas, adquiere varios prados y tierras en Quintanilla. Sin embargo, la mayoría provienen de Reinosa; podemos encuadrarles socialmente dentro una dinámica, económicamente hablando, hidalguía rural. Así aparecen nombres como Manuel Calderón Fontecha, José Díaz de los Ríos; Pedro Gutiérrez del Dosal, que compra tierras por toda la región, y su hermano Antonio; José Antonio Núñez, o Diego Rodríguez Olea. Igualmente hay profesionales liberales como el abogado José Miguel Bustamante; miembros del clero, como Francisco Fernández Fontecha, presbítero de Matamorosa o Carlos Muñoz, párroco de Reinosa. Algunas familias, como los García de los Ríos, Macho de Quevedo o los Díez de Bedoya, se aventuraron a adquirir propiedades fuera de la provincia.
En cuanto a las instituciones, el propio ayuntamiento de Reinosa compró una casa en el pueblo de Bustamante; los concejos de Reinosilla y Castrillo hicieron lo propio con un terreno baldío, como señalamos anteriormente.
INVASIÓN NAPOLEÓNICA Y DESAMORTIZACIÓN.
Durante la guerra de Independencia, ayuntamientos y concejos debieron afrontar el pillaje y soportar los gastos de manutención de los dos ejércitos mediante la imposición de impuestos extraordinarios. Los pueblos situados en el eje del Camino del Besaya se vieron especialmente afectados, dado el valor táctico del mismo.
Parece que en Campoo los concejos recurrieron al "repartimiento compensado", una especie de desamortización en la que a cambio del dinero con que tenían que contribuir forzosamente los vecinos, se les cedía en compensación parte de terrenos concejiles. Como, dada la precariedad y dureza de la situación, no todos tenían medios para pagar, se produjo de hecho un ensanchamiento de las diferencias sociales. De esta manera, fueron los labradores más acomodados los que se beneficiaron de este sistema, incrementando sus terrenos.
Evidentemente, parroquias y conventos se vieron afectados por la guerra. En San Miguel de Aguayo, a fines de 1809, se vieron obligados a entregar a las tropas francesas algunos bienes muebles de la parroquia "no necesarios para el culto": una custodia, incensario, platillos, vinajeras y otros objetos de plata que pesaban más de tres kilos y cuarto. Los soldados reclamaban estos objetos por la fácil conversión de los metales preciosos en dinero contante y sonante. A pesar de las promesas de devolución, poco tiempo después la parroquia recibió más exigencias de pago en metálico.
LA DESAMORTIZACIÓN DE MENDIZABAL.
Durante el Trienio Liberal (1829) la desamortización no incidió en Campoo. Dentro de Cantabria, Santa Catalina de Monte Corbán fue el monasterio más afectado.
Tras la paralización que supuso el absolutismo de Fernando VII (la llamada "Década ominosa", entre 1823-1833), bajo la regencia de María Cristina, la actuación de Juan Alvarez Mendizábal como ministro de Hacienda entre Septiembre de 1835 y Mayo de 1836 marcó una serie de directrices legales con las que se inició el período conocido por antonomasia como "desamortización".
La desvinculación incidió exclusivamente en bienes religiosos; afectó sobre todo a las propiedades monásticas y en menor medida a las parroquias
[v] . En Cantabria se extiende entre 1837 y 1849; 1842 y sobre todo 1844 son los años de mayor ritmo de ventas.
En nuestra comarca contamos con dos monasterios suprimidos. El de Nuestra Señora de Montesclaros, perteneciente a la orden predicadora de los Dominicos, notoriamente más rico que el de San Francisco Extramuros de Reinosa, de los Franciscanos, orden mendicante cuyos siete jóvenes frailes (con una edad media de casi 29 años) fueron exclaustrados en marzo de 1835.
En el "ranking" de los 10 grandes propietarios eclesiásticos regionales se encuentran Montesclaros (77,27 Has. de tierras; 6,58 de prados; 0,20 de huertas), en el primer puesto, y el priorato de Espinilla
[vi] (14,81 Has. de tierras; 0,10 de prados; 0,32 de huertas). Junto a ellos, las iglesias parroquiales de Campoo también se muestran notables propietarios de fincas rústicas, superando al modesto convento franciscano de Reinosa. Así sobresalen las parroquias de Bustamante (14,11 Has.), Quintanilla o Salces (con algo más de 10 Has.). Sin embargo el tamaño medio de las parcelas era pequeño.
En manos eclesiásticas estaba el terreno de mejor calidad, más apto para la agricultura por su fácil acceso. De las posesiones enajenadas en el área campurriana predominan claramente las tierras de labor (casi el 56% de las fincas vendidas, con un total de 292,92 Has.), seguidas de prados y huertos. Por ello es razonable pensar que resultaran caras. Hablando de dinero, en Campoo se gastó mucho: las cotizaciones globales de las subastas alcanzaron un alto precio en los remates -el 27% del total provincial-.
Son propietarios y agricultores locales, de Reinosa y alrededores, que buscan ampliar sus tierras, los que adquieren, fincas cercanas a su lugar de residencia; es el caso de Pedro Álvarez, de la Hermandad de Campoo de Suso, que compra una finca de considerables dimensiones (11,45 Has.) por la que paga 11.510 reales. El interés concreto por ese pedazo de tierra hace subir la cotización en las subastas; así le sucede al vecino de Barrio Pedro Fernández de la Vega quien abona nada menos que 101.376 reales por 11,15 Has. Entre otros nombres figuran Remigio Díez, de Quintanilla, y Pablo Antonio Puente, de Proaño. Encontramos a industriales harineros que son también propietarios rústicos como Francisco María Varona, Pedro Gutiérrez Dosal o Mateo Macho. Con menos incidencia invierten en la zona residentes de fuera de la provincia, como Manuel Saiz Sigles, de Valladolid, que compra tres pequeñas fincas en Campoo de Yuso.
La distribución de las ventas según la superficie de fincas afectó en mayor grado a Valderredible, Campoo de Yuso y Hermandad de Campoo de Suso (donde se vendieron más de 50 Has. por municipio); entre 25 y 50 Has. en Enmedio y Reinosa; de 15 a 25 Has. en Las Rozas.
Otros elementos objeto de venta fueron los censos
[vii] , utilizados como instrumentos de crédito o préstamo hipotecario de nuestros días. Por ejemplo, los concejos de Villasuso, Lantueno y Somballe tenían censos del convento de Regina Coeli de Santillana del Mar; de nuevo Villasuso, La Serna y Las Henestrosas, con el de Nuestra Señora de Las Caldas; Renedo de Bricia, Renedo de Rucandio, Reocín de los Molinos o San Martín de Elines, en Montesclaros.
En cuanto a las edificaciones, salieron a la venta solamente "2 casas, 4 molinos, 1 solar y 1 "hospital-lavadero" que se repartieron entre seis titulares, locales (José García de los Ríos se hace con algunos edificios del convento de San Francisco de Reinosa; Tomás Fernández Castañeda adquiere un molino en ruinas y una casa de la parroquia de Monegro) y santanderinos (el comerciante Ildefonso Huidobro compra un molino en Horna perteneciente a los dominicos de Montesclaros por 21.280 reales; Segundo José Pardo, invierte en Valderredible). Subyace en ellos la idea de tomar posiciones en la expansión del negocio harinero.
LA DESAMORTIZACIÓN DE MADOZ.
La firma en 1851 del concordato con la Santa Sede por el gobierno de Bravo Murillo significó simplemente un paréntesis del proceso.
Aunque el período de Mendizábal se ha llevado toda la "fama", sin duda por las implicaciones anticlericales que supuso la aplicación de la política liberal, las investigaciones recientes cada vez reafirman la mayor importancia, que desde el punto de vista de ventas y de superficies enajenadas, alcanzó la desamortización llevada a cabo por Pascual Madoz.
Durante el Bienio Progresista, con Espartero en el poder, el nuevo ministro de Hacienda propugnó una profunda y desconocida reforma calificada de desamortización "civil".
La ley Madoz pretendía actuar sobre bienes municipales, tanto los terrenos de propios -que ayuntamientos y concejos cedían como parcelas a los vecinos por un determinado período- como comunales -aprovechados libremente por todo el pueblo-; por supuesto, sin olvidarse de continuar vendiendo, liquidando, los lotes eclesiásticos no enajenados durante la etapa anterior.
Esta fase comienza en Cantabria el año 1859, continuando de manera languideciente hasta fin de siglo. Como es lógico, el primer año registró un gran volumen de ventas, tendencia muy marcada en la adquisición de edificios donde quizá se presentaran mayores "oportunidades otros picos de incidencia de ventas fueron 1860, 1865 y 1871.
Hablemos en primer lugar de los bienes municipales. Aunque ayuntamientos como el de Reinosa mantuvieron indemnes sus bienes comunales, sí que es verdad que la mayoría de la tierra vendida procedía de los concejos. Las fincas concejiles se componían principalmente de montes y terrenos en ocasiones de buen tamaño, pero escabrosos, apenas susceptibles de aprovechamiento para ganadería extensiva.
La venta de estos lotes no tuvo excesivo éxito económico. Los potenciales compradores, campesinos que vivían en los pueblos cercanos y que querían utilizarlas como pastizales, no veían aliciente en adquirir unas parcelas que ya disfrutaban tradicionalmente como bienes comunales
[viii]. Por lo tanto, dado que se había implantado el pago al contado, los pocos interesados esperaban a las segundas subastas para adquirir a bajo precio.
Por otro lado, la desamortización de los montes públicos campurrianos fue minoritaria: de un total de 176 montes comunales (una mancha forestal de 50.751 Has.) que había en el partido judicial de Reinosa, sólo se declararon enajenables 5 (unas 14 Has.). Por eso todavía actualmente continúan los municipios y juntas vecinales siendo grandes propietarios de montes.
Respecto a las edificaciones, se vendieron tabernas concejiles, mesones (quizá no muy rentables), desde casas procedentes de distintas instituciones (beneficencia, estado, parroquias) hasta molinos, concentrados en gran número en el Camino de Reinosa.
¿Qué pasa mientras con las propiedades eclesiásticas?
Como veremos, el monasterio de Nuestra Señora de Montesclaros se ve plenamente inmerso en esta oleada desamortizadora. Similar cuestión se plantea con las propiedades del clero secular. Después del freno impuesto por los políticos moderados, en palabras de Agustín Rodríguez Fernández si Mendizábal dictó la sentencia de muerte, Madoz se encargó de su ejecución. Se reinicia la venta de los restantes bienes parroquiales y de otras instituciones (como la orden de San Juan de Jerusalén), "beneficios", inmuebles y multitud de parcelas.
Se venden en este período 1.549,25 Has. de fincas rústicas por las que se pagaron más de 15,5 millones de reales. El tipo de terreno predominante son "tierras" y "prados" (casi 2/3 del total de superficie) en su mayoría procedentes del sector eclesiástico; seguidos de los propios municipales. En segundo término figuran (cerca del 30%) los terrenos, dehesas y montes de menor calidad. Las fincas pertenecientes al Estado, Beneficencia o Instrucción Pública (escuelas) representaron cuotas mínimas.
Sobre la localización geográfica de las ventas, el foco de adquisiciones se centra en el eje que forma el camino Reinosa-Santander, que coincide en esa época con el nuevo ferrocarril de Isabel II, cuyo recorrido discurre en paralelo.
Mientras que en Las Rozas no se registra ninguna venta, el municipio de Valdeprado del Río resulta el más afectado, con casi 178 Has. de fincas por valor 774.248 reales (lo que se estima supone el 10% de la superficie subastada en la región). En el resto de los municipios campurrianos sabemos que se vendieron terrenos por un valor de 677.408 reales. Teniendo en cuenta la superficie, los más afectados fueron Valderredible, Valdeolea, Reinosa y Enmedio.
[ix]
EL CASO DE MONTESCLAROS.
Como ejemplo de la desamortización en nuestra comarca, resulta sentimentalmente interesante seguir, aunque sea suscintamente, los avatares sufridos por el monasterio de Nuestra Señora de Montesclaros.
Tras una etapa de auge en el s. XVIII, el primer impacto llega el 13 de noviembre de 1808 cuando las tropas francesas saquean el convento. Bajo José I, hermano de Napoleón, se procedió a la nacionalización de bienes "que fueron propios...del santuario...y en la actualidad han recaído y pertenecen a su Majestad y su Real Hacienda por títulos de Bienes Nacionales", según el eufemismo legal. Esta medida no implicó la supresión de la propiedad sino la confiscación de sus rentas para el avituallamiento y gastos de guerra. Se devolvieron en 1814, junto con parte del botín encontrado.
A consecuencia de la legislación de las Cortes de Cádiz, se inicia una política de secularización el clero: en 1821 se suprime el convento, aunque continuó funcionando como parroquia. Mientras se desarrollaba entre 1832-39 la primera guerra carlista, se declaró en Mayo de 1834 la exclaustración del monasterio que desde 1686 regían los dominicos. Según aseguraba el decreto, por haber ayudado a "facciosos" carlistas.
La mayoría de la comunidad permaneció secularizada en la hospedería a la vez que arrendaron fincas que habían pertenecido del convento. Algún fraile prestó sus servicios en parroquias de Los Carabeos, como Fray Genaro del Río, "cura sirviente" de Nuestra Señora del Rosario de Arroyal entre 1836-40. En 1836, las circunstancias obligaron a trasladar la imagen de la Virgen.
En abril de 1844 salieron definitivamente a subasta las dependencias y propiedades del santuario. Los hermanos Collantes acudieron con la idea de utilizar los materiales en su fábrica de vidrio de Las Rozas. Pero final, y felizmente, la merindad de Campoo actuó en esta vital subasta y salió al remate, pagando la elevadísima suma de 105.000 pesetas (más de cinco veces la tasación inicial).
La momentánea desaparición de actividad monástica hizo que desde 1862 el santuario pasara al cuidado del clero burgalés. Hasta que un acuerdo suscrito por la merindad de Campoo en 1880 con el monasterio de Las Caldas permitió el retorno efectivo de los dominicos el 18 de Julio. El contrato de arriendo "ad perpetuum" fija la renta de "una peseta al año" pagadera en la iglesia parroquial de Reinosa el 8 de Diciembre, día de la Inmaculada. Se añade una claúsula indicando que allí, en presencia de los procuradores representantes de los ayuntamientos, un padre dominico debe predicar gratuitamente un sermón, como aún se hace hoy, el conocido "sermón de la peseta".
[x]
ALGUNAS CONCLUSIONES.
Inscrito dentro del panorama nacional, la desamortización llega a Cantabria algo tardíamente; Campoo fue uno de los focos importantes de desamortización regional que se realiza a lo largo del XIX.
El resultado no estuvo a la altura de las expectativas liberales.
En palabras de Fernández de Pinedo, la desamortización significó "la entrada de la tierra en el circuito comercial", aunque ello no modificó la estructura de la propiedad ni produjo un mayor equilibrio social. Tampoco supuso una renovación sustancial de las explotaciones agrarias; se actuó, en ocasiones, con interés especulador y no se mejoró el rendimiento final de la tierra, al continuar con sus usos tradicionales.
Pequeños propietarios rurales y una pujante burguesía mercantil o protoindustrial (sobre todo harinera), económicamente fuertes, se vieron beneficiadas ampliando sus fincas (que en Campoo, pese a todo, adquieren modestas dimensiones) o buscando "invertir" en un eje tan favorable como el camino de Reinosa que unía Castilla con Santander. Por ello estos grupos se adhieren de alguna manera al movimiento liberal, propulsor de estas innovaciones, al prestar su apoyo político. En la desamortización de Madoz, se aprecia sin embargo, una mayor participación de labradores.
Por defecto, la desamortización perjudicó las condiciones de vida de pequeños campesinos y ganaderos que perdieron sus derechos sobre las fincas comunales privatizadas. El clero, en el blanco de las reformas, se vio muy afectado en sus propiedades patrimoniales; los municipios sobrevivieron a la medida y las conservaron en gran parte. Por ello no es de extrañar que entre el clero y las capas sociales desfavorecidas anidase un sentimiento conservador de autoprotección, que se tradujo en el reiterado apoyo que prestaron al carlismo.
Por otra parte, pese al abandono y declive de los edificios religiosos, los monasterios de nuestra comarca lo sufrieron tal sólo temporalmente y todavía hoy podemos disfrutarlos.
BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES.
- ARCHIVO DIOCESANO DE SANTANDER. Libro de visitas del priorato de Espinilla. Años 1736 al 1835.
- CANTÓN, Ramón Rodríguez. (1992) Reinosa y la merindad de Campoo. Santander: Estudio.
- FERNÁNDEZ BENÍTEZ, Vicente. (1988) Carlismo y rebeldía campesina. Madrid: Siglo XIX; Torrelavega: Ayuntamiento.
- RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Agustín. (1979) Los Carabeos. Historia, economía y sociedad en un concejo rural de la merindad de Campoo. Santander: Institución Cultural de Cantabria.
- SÁNCHEZ GÓMEZ, Miguel Ángel (1987) "La agricultura en Cantabria durante el siglo XIX", pp. 81-140 en Historia General de Cantabria. Siglos XVIII y XIX. (1) Tomo VI. Santander: Tantín. (1994) La desamortización en Cantabria durante el siglo XIX. (1880-1889). Torrelavega: Ayuntamiento.
- SIERRA, Mann. "Montesclaros. Un santuario mariano con cuatro siglos de historia en la merindad de Campoo", pp. 28-35 en nº 33, Octubre-Diciembre 1983 de Revista de Cantabria. Santander: Caja de Ahorros de Santander y Cantabria.
NOTAS
[i]La divulgación de la Desamortización en Cantabria se basa en las investigaciones llevadas a cabo por Miguel Ángel SÁNCHEZ GÓMEZ (1994, principalmente), a quién agradecemos su colaboración. Fuentes fundamentales en el rastreo de los cambios de propiedad son las escrituras notariales.
[ii]Un ejemplo de Los Carabeos: la cofradía del Santísimo Rosario de Arroyal hacía al monasterio de Montesclaros propietario del abundante ganado que aportaban los cofrades, sobre todo ovejas, y beneficiario de sus rentas. La Santa Rogación, era una obra pía que aportó numerosas tierras. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, A. pp. 150 ss.; 186.
[iii]Durante la desamortización de Mendizábal, alguno de los compradores, como el secretario del ayuntamiento de Reinosa Félix Rodríguez, pudo actuar en las subastas como intermediario para terceros, dado el conocimiento de los mecanismos legales del entramado de las subastas y del proceso desamortizador. SÁNCHEZ GÓMEZ, M.A. (1994) pp. 210. Además de ejemplos de intermediarios con la intención "de ceder" la compra, hay también asociaciones de compradores: en la zona campurriana intervienen de este modo en Orzales, Villasuso, o entre el párroco de Villacantid y un vecino de Fontecha para hacerse con las fincas que habían pertenecido a la parroquia de Morancas.
[iv] De mayor a menor, continúan el listado la Hermandad de Campoo de Suso con el 7,99% (436,263 reales), Enmedio supone el 6,28% (343.104 reales), Campoo de Yuso el 6, 24% (341.139 reales) y Las Rozas el 4,33% del total (236.687 reales).
[v]En Cantabria, el tamaño de las propiedades desamortizadas es mucho menor que en el resto de España. Pero, relativizando, dentro de Cantabria se puede decir que Campoo tenía terrenos de más extensos. Los monasterios son fundaciones tardías y han recibido menor número de donaciones que los castellanos, por ejemplo. Asimismo, su nivel el número de sacerdotes por habitantes es de los más bajos de España. Aunque el nivel de vida del clero era por lo general bajo, en ocasiones disfrutaban de mayor acomodo y bienes, como menciona sobre Los Carabeos Agustín Rodríguez Fernández pp. 142 ss. y parece demostrar sus actividades de compraventa. El proceso de acumulación de donaciones de fincas y propiedades tiene un origen medieval, y confirió de facto a la iglesia gran parte de su poder material.
La Santa Sede apoyó en el fondo el proyecto reformista de la desamortización, como medio para evitar la crisis financiera de la España Borbónica, pero el desarrollo del proceso encontró el frontal rechazo del clero español, lo que explica el apoyo que prestan a los carlistas. Así, en Los Carabeos, el párroco de Santa María de Barruelo entre 1829-47, Gregorio Rodríguez Navamuel, y el de San Andrés desde 1823 hasta su asesinato por unos bandoleros en 1844, Antonio Mantilla de los Ríos, estuvieron presos en Reinosa por su condición de carlista.
[vi]Monasterio de la orden benedictina dependiente del burgalés de San Pedro de Cardeña. Recibía anualmente visitas del abad o de algún "visitador comisario" para controlar el estado de los bienes y rentas de tierras de San Cristóbal de Espinilla y Paracuelles, cumplimiento de la regla, etc. La última visita está registrada el 4 de Marzo de 1835, siendo prior Fr. Plácido Gamazo y abad de Cardeña Fr. Pedro Duro. Archivo Diocesano de Santander.
Libro de visitas del priorato de Espinilla. Años 1736 al 1835.
[vii]El campesino funciona como arrendatario y el propietario del capital -los monasterios- se convierte en rentista, con derecho sobre las propiedades si fallaba el pago de la deuda. SÁNCHEZ GÓMEZ, M.A. (1944) pp. 168; RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, A. pp. 142 ss.
[viii]Había un beneficio adicional: el uso de las tierras comunales revertía indirectamente a los propietarios de reses que usaban, -mantenían y abonaban- los montes habitualmente. Estos cedían los animales en régimen de aparcería a cambio de un porcentaje de renta.
[ix]87,16 Has. proceden de los bienes de propios y del clero en Valderredible; Valdeolea (con 47,67 Has., 421.006 reales), Reinosa (39,46 Has., 484.200 reales), Enmedio (26,59 Has., que costaron 485.586 reales) son los siguientes municipios más afectados. Oscilando entre 5 y 10 Has. se encuentran la Hermandad de Campoo de Suso (por valor de 228.173 reales), Campoo de Yuso, Pesquera, San Miguel de Aguayo y Santiurde.
[x]CANTÓN, R., pp. 230-232; FERNÁNDEZ BENÍTEZ, Vicente, pp. 62 ss ;RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, A., pp. 163 ss., 187; SIERRA, M., pp. 35.
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