Guerra Civil, 70 años después

Submitted by vacarizu on Vie, 30/06/2006 - 00:00
Jesús Gutiérrez Flores
 
EL FRACASO DE LA SUBLEVACIÓN MILITAR EN CANTABRIA
 
De entrada, el movimiento subversivo contra la Re­pública en Cantabria estuvo mal planificado y pe­or ejecutado. Se dejaron muchos cabos sueltos, fiándose el entramado al voluntarismo de ciertas personas, es­pecialmente militares, a los que se les suponía que con sólo pu­blicar el bando de Mola, quedaría la región incorporada al Mo­vimiento. Esta confianza se basaba en la apreciación errónea, fruto de una generalización simplista de Santander, como pro­vincia conservadora.
 
Santander, en 1936, era una región de­sarrollada en pleno proceso de transfor­mación social y política y por lo tanto más compleja de lo que en principio puede su­gerir la generalización tópica de conside­rarla conservadora.
 
Por supuesto que la coalición dere­chista había obtenido los puestos de la mayoría en las elecciones de febrero de 1936, pero la diferencia de votos no era tan apabullante como en principio pare­cía suponer este reparto de diputados. Los 374.995 sufragios de la CEDA (51,1%) se oponían a los 303-911 del Frente Popular (41,4%). Y es que existía una fuerte implan­tación de la izquierda en las zonas más industrializadas como el corredor del Besaya (Torrelavega), el arco sureste de la ba­hía (Camargo, Astillero), en el área periurbana de Santander, en algunas villas de la costa como Castro Urdiales, en Reinosa, hasta introducirse en los núcleos mineros del norte palentino (Barruelo).
 
El resto de Cantabria, rural o interior, siguió confiando de forma abrumadora en la candidatura contrarrevolucionaria.
 
La observación principal que puede hacerse era la dualidad entre la Cantabria rural conservadora y la Cantabria industriali­zada izquierdista. Una división que se repetía en la capital con el triunfo global del Frente Popular, gracias a los distritos más proletarizados, mientras que la candidatura contrarrevolucio­naria hacía lo propio en los barrios burgueses.
 
Por otro lado, no hubo contacto alguno de los sublevados con la proclividad golpista que se adivinaba, de las fuerzas de or­den público (Guardia Civil, Asalto y Carabineros) ni con las or­ganizaciones de extrema derecha (falangistas y tradicionalistas).
 
En Cantabria existía una doble trama para la preparación del levantamiento. La primera, civil, giraba en torno a Emilio Pino Patiño, antiguo triunviro falangista, miembro del ARI y ex con­cejal primoriverista del Ayuntamiento de Santander, que coordinaba los distintos grupos civiles comprometidos, y de Pedro Sáinz Rodríguez, diputado de la Agrupa­ción Regional Independiente por la pro­vincia, y que se encontraba en Burgos en el inicio de la sublevación.
 
La trama militar estaba comandada por los oficiales de la guarnición de Santoña que estaban al tanto de los planes de Mola a través del teniente coronel de Ca­ballería, Marcelino Gavilán Almanzara, in­tegrante de la Junta Militar de Burgos. Por lo demás, se contaba con la colaboración segura del coronel Jo­sé Pérez García-Argüelles, jefe del Regimiento Valencia Núm. 21 sito en la calle del Alta y simpatizante de la "sanjurjada" de agosto del 32, y de aproximadamente 2.000 civiles armados más 1.260 hombres de la Guardia Civil, de Asalto, carabineros y mu­nicipales. Con ellos se esperaba controlar la zona oriental de la provincia, limítrofe con Vizcaya, y el eje industrial Torrelavega - Corrales - Reinosa a lo largo de las vías de comunicación San­tander - Palencia. En Reinosa se esperaba también la confluen­cia de refuerzos procedentes de Burgos y Palencia a cuyo man­do se pondría el capitán Sanjurjo (1).
 
Pero los planes no salieron como se habían planeado. La su­blevación se inicia el 17 de julio y los conspirados pierden un tiempo precioso al romperse las comunicaciones con Burgos y Valladolid, de donde procedían las órdenes de los principales implicados; tiempo que es aprovechado por los grupos de iz­quierdas para armar a sus juventudes, organizar las guardias cí­vicas en defensa de la República y ponerse en contacto telefóni­co con Madrid en la noche del 17 al 18.
 
En Santoña, después de desplazarse a Burgos, se reúnen va­rios capitanes que dudan sobre la conveniencia de detener al co­mandante García Vayas, simpatizante socialista; circunstancia que es aprovechada por éste para detener a los implicados. En la capital, el coronel García-Argüelles no se decide a intervenir según sus propias palabras hasta que las órdenes no vengan de la superioridad militar de Burgos, quizás curándose en salud an­te un fracaso de la rebelión como ocurriera con la "sanjurjada". Mientras tanto sobresale un hombre, Juan Ruiz Olazarán, presi­dente de la Diputación Regional, que alienta a través de la radio a las fuerzas de izquierda, logra la dimisión del coronel como comandante militar y pone en su lugar a García Vayas después de ordenar la interceptación de un telegrama del Cuartel Gene­ral de los sublevados destinado al coronel que daba la clave de la sublevación. En adelante, el militar desoiría las peticiones de los grupos civiles comprometidos y cuando quiso sublevarse ya era demasiado tarde.
 
Entretanto, en la mayoría de las localidades, se formaron comi­tés de Defensa de la República alentados por las organizaciones sindicales, partidos políticos o corporaciones municipales, controladas por el Frente Popular, desde el nombramiento de las co­misiones gestoras en la primavera de 19.36. En estos días, los milicia­nos integrados en los comités lle­varon a cabo la requisa de armas en los domicilios de las personas de derechas, las llamadas guar­dias cívicas para la protección y vigilancia de edificios, las líneas de comunicaciones (carretera, fe­rrocarril, etc.), y la detención de los líderes de las organizaciones políticas locales como posibles implicados en la rebelión. Se ha­cen cargo, también de todos los aspectos relacionados con la vi­da local: abastos, transportes, recluta de voluntarios para los frentes, etc.
 
 
LA REPRESIÓN REPUBLICANA
 
Reinosa. Puente del Ebro, El Cañon, Iglesia.Según "La Causa General", la represión republicana produjo en Cantabria 800 muertos y 343 desapareci­dos, lo que representa el 3,13% sobre la población en 1930 (364.147). Dado que la Causa General publica sus re­sultados en noviembre de 1937, un número importante de vícti­mas quedaba todavía sin registrar y según las investigaciones de Enrique Menéndez y mis propias conclusiones la cifra alcanza a. 1.144 cántabros, a los que hay que añadir 67 forasteros y 80 de las zonas limítrofes de Palencia y Burgos bajo dominio del go­bierno de Santander. En esta relación no se incluyen los cánta­bros muertos en otras provincias.
 
Afectó sobre todo a 181 eclesiásticos, 170 falangistas, a mili­tares y miembros de las fuerzas de orden público. Por grupos so­ciales el peor parado fue el de los labradores y las clases medias de comerciantes y empleados.
 
En Cantabria, las viejas afrentas y odios personales de clases se resolvieron en una violencia política vicaria y los pudientes urbanos pudieron salvar su vida con contraprestaciones económi­cas. Muchas veces fueron revan­chas procedentes de la Revolu­ción de 1934 y ello explica el alto porcentaje de obreros y jornaleros muertos por ser considerados es­quiroles en aquellos aconteci­mientos o por estar afiliados a Fa­lange. En los núcleos rurales se eliminaron a los representantes de viejas tenencias de propiedad como los aparceros. Por edades, el segmento más castigado fue la población joven, sobre todo, el comprendido entre los 25 y 29 años.
 
Por núcleos de población la capital tuvo 206 muertos, Reinosa 74, Corrales 67 y Torrelavega 54. La comarca de Campoo junto con la Besaya-Torrelavega alcanzó los más altos índices de la represión republicana en el conjunto de Cantabria (4, 52 por cada mil habitantes). Por localidades, Rei­nosa (8,60 por mil) ocupa el cuarto lugar relativo en la región después de Polaciones (15,64), Los Corrales de Buelna (13,75 por mil) y Alfoz de Lloredo (8,89 por mil).
 
Hubo 4.500 personas encarceladas. 7.500 palentinos, sobre de todo de la zona minera de Barruelo se refugiaron en Santan­der y tras la caída de Bilbao lo hicieron 170.000 vascos a princi­pios de agosto.
 
Un número importante de evadidos cántabros en una cifra todavía sin determinar, pasó a las provincias de Palencia y Bur­gos buscando la seguridad ideológica que les ofrecía el bando rebelde. De ellos, alrededor de 200 jóvenes pasaron a engrosar las filas de las Centurias Montañesas en Burgos y Palencia en los primeros meses de la guerra.
 
Las primeras víctimas se produjeron el día 20 en Reinosa tras ser interceptados falangistas de Torrelavega que se dirigían a Burgos para conseguir el bando del general Mola, solicitado por el coronel García-Argüelles, como requisito para sumarse a la sublevación. Se trataba de Luis Martín Alonso, Ceballos y Eleuterio P. Marcos Ingelmo. Su destino fue trágico. Fueron tirotea­dos, resultando muertos los dos últimos y Alonso herido. El 22 de agosto, una vez recuperado de las heridas, fue asesinado a ti­ros en el Gorgollón, cerca de Pesquera." (2)
 
En la localidad industrial de Reinosa poblada por apenas ocho mil quinientos habitantes cuya vida giraba en derredor de la fábrica metalúrgica conocida como "La Naval" morían masa­crados diecinueve guardias civiles con su teniente a la cabeza. Era el 21 de Julio, día de mercado en la ciudad.
 
Aquel fatídico día 21 se encontraban detenidos en Reinosa los guardias civiles de los puestos del norte del Burgos, concen­trados en Sedano, bajo las órdenes del alférez Ignacio Vecina Es­teban. Los militares sublevados le habían ordenado que partie­se con la fuerza concentrada en Sedano hacia Corconte con el fin de proteger al capitán Justo Sanjurjo que se hallaba verane­ando en el lugar.
 
Llegaron el 19 de Julio a media tarde. Eran 18 guardias más la pareja de servicio en el Balneario. En la madrugada del 20, aparecieron tres automóviles con milicianos de Reinosa que vi­raron para dar parte de la situación. Poco después arribaron va­rios camiones repletos de milicianos desde la capital campurriana. Al mando se encontraba Miguel Aguado Cadelo, jefe de la Guardia Municipal de Reinosa, y su lugarteniente, un guardia de seguridad apodado "el Andaluz".
 
Rodearon el balneario y empezaron a parlamentar con el al­férez Vecina y el médico de la casa, Vicente Gómez de la Torre. Varios guardias y agüistas se apostaron en el interior para aco­meter la defensa del edificio.
 
El alférez Vecina tras el cruce de palabras con los jefes de mi­licias dio la orden de concentrar a su gente en el jardín y nego­ciar la entrega de las armas.
 
Mientras tanto, Sanjurjo, vestido de uniforme, intentó salir en dirección a Burgos, pero fue interceptado en la bifurcación de la carretera hacia Santander y detenido por Aguado y "el Anda­luz". Montaron en su coche y le hicieron volver rumbo a Reino­sa. Al pasar frente al Balneario, el capitán se arrojó del automó­vil hiriéndose en la cabeza. El médico trató de curarle con la ma­yor lentitud posible para dar tiempo a que se marcharan los mi­licianos y después ponerle en libertad, pero éstos continuaron allí. Así que una vez curado, intentó que lo llevasen al Hospital Valdecilla en Santander. Los milicianos se opusieron y en un co­che, acompañado de su mujer Concepción Comyn, fue traslada­do al Hospital de Reinosa. Su esposa permaneció detenida en un hotel de la población.
 
Los guardias fueron desarmados y conducidos en un auto­bús a Reinosa y desde allí, por orden del coronel del 23 Tercio, Indalecio Terán Arnáiz, trasladados a Santander. Quedaron detenidos hasta fines de Julio. (3)
 
Mientras tanto fallecía el padre del capitán Justo Sanjurjo. El general moría en el hipódromo de Cascaes, cerca de Lisboa, al estrellarse la avioneta que debía conducirle a España para po­nerse al frente de la sublevación.
 
La decisión de deponer las armas le costó cara al alférez Ve­cina. Enviado para proteger al capitán Sanjurjo en el manantial de Corconte, depuso las armas ante fuerzas muy superiores, pensando con ello evitar una tragedia. Un año más tarde, cuan­do los nacionales entraron en Santander, el alférez fue acusado de ser responsable por negligencia de la muerte de Sanjurjo. Fue fusilado en el Santander franquista.
 
En Reinosa se fueron concentrando los guardias de los pues­tos cercanos al mando del teniente del Cuerpo, Gerardo García Fernández. En total se reunieron unos cuarenta guardias en el cuartel de la ciudad.
 
De madrugada, se ordenó la salida de dos formaciones de agentes acompañados por milicianos, una hacia Corconte y otra hacia Pozazal. Se pensaba en la inminente llegada de una co­lumna sublevada procedente de Burgos y Palencia.
 
Según testimonios orales, algunos de los guardias se presta­ron a ir a Corconte porque estaban resueltos a unirse a los na­cionales. En efecto, el destacamento, llegado el momento opor­tuno, volvió sus fusiles contra los milicianos acompañantes, a la vez que avanzaban de espaldas hacia la zona nacional. (4)
 
Simultáneamente en Reinosa, el delegado gubernativo soli­citó la presencia en el Ayuntamiento del teniente Gerardo Gar­cía Fernández con una fuerza de dieciocho números.Todo podía suceder, Sanjurjo herido en el Hospi­tal, los guardias del norte de Burgos detenidos, los mi­neros del cercano Barruelo desplazados al monte, una expedición de guardias pasados a los nacionales en Corconte, los territorios vecinos y la frontera pró­xima en poder de los sublevados, la guarnición de Reinosa solicitada. Miedo, ajetreo, máxima tensión, recelos, desconfianzas, rumores. En fin, se presenta­ba el clima propicio para que sucediera la tragedia.
 
Llegaron los uniformados al Ayuntamiento, don­de fueron conducidos al piso alto para que se aposta­sen junto con milicianos en las ventanas. No sabemos con exactitud el desarrollo de los sucesos, pero el ca­so es que el teniente acompañado de un guardia en­tró en el despacho del alcalde Isaías Fernández Bueras. Se produjeron disparos que ocasionaron la muer­te del edil y de un cenetista que lo acompañaba, Be­nito Mesones. A continuación, a los gritos de ¡el te­niente ha matado al Alcalde!, dieciséis guardias civi­les y el teniente fueron pasados por las armas. Dos lograron es­capar, arrojándose por las ventanas de la parte trasera, uno de ellos fue muerto en la bolera del parque de "Las Fuentes" y el otro, después de pedir inútilmente auxilio, fue linchado en los portales de "los herrerucos".
 
La encarnizada reacción popular no obedeció a un plan pre­concebido como se afirma en la Causa General confeccionada por los vencedores. Fue una masacre tan certera y brutal que no hubiera salido tan milimétricamente ajustada con un designio perfectamente trazado. Más bien, fue una explosión violenta en un territorio de frontera que intuía cercana la presencia de fuer­zas sublevadas y en cuyo ánimo todavía se hallaba presente la represión del 34. Y además, había visto aquella misma mañana cómo una patrulla se pasaba al enemigo en Corconte.
 
Ante una fuerza numéricamente superior, el factor sorpresa neutraliza cualquier respuesta armada. La fuerza estaba armada, pero no estaba prevenida ante la posible actuación temeraria de su teniente. Por otra parte, no hay más que recordar la foto que dio la vuelta al mundo en los sucesos de Reinosa de 1987 con unos guardias civiles preparados, pero acorralados e incapaces de actuar. Un solo tiro salido de sus fusiles hubiera bastado pa­ra que fuesen linchados.
 
En Pozazal, el jefe miliciano Manuel Fernández García pro­cede al desarme de los guardias que ayudaban a los milicianos, según órdenes del Comité de Reinosa, cursadas por teléfono al factor de la estación de ferrocarril. Después de expresar los agentes su temor por los recientes sucesos del ayuntamiento, les garantiza que no tienen que temer por sus vidas. Las defenderá hasta donde sea preciso. Al regresar a Reinosa, una multitud en­colerizada se congrega en torno a la camioneta que los trans­portaba pidiendo que los mataran. Los guardias civiles se en­cuentran al fondo de la caja del camión, acurrucados y presas del pánico. Manuel, empuñando un fusil ametrallador, grita:
 
¡No más muertes...! ¡No más muertes...! Si han sido culpa­bles de algo que se les juzgue y encarcele. El que se atreva a ha­cer algo con ellos tendrá que pasar por encima de mi cadáver.
 
A continuación, el jefe miliciano requiere la presencia del Comité de Guerra. Le comunica su firme propósito de defender la vida de aquellos hombres. Después de garantizarles el respe­to de sus vidas, Manuel entrega a los cuatro guardias. (5) Todos ellos, excepto el corneta José Mediavilla Uldemolins fusilado más tarde por los nacionales en Santander, fueron recluidos en la cárcel de Reinosa hasta la entrada de las tropas de Franco.
 
Las autoridades republicanas encargan al comandante mili­tar de Reinosa, el teniente de la Guardia de Asalto Alfonso Jambrina Brioso, la apertura de una investigación sobre los hechos. Nada se conseguiría: el médico forense, José Álvarez Quevedo y el alguacil, Nazario Gutiérrez, encargados de efectuar la exhu­mación y autopsia de los cadáveres, serían asesinados en sep­tiembre. El teniente Jambrina y su escolta pasarían poco después a zona nacional.
 
La centralización del aparato represivo dio lugar a la crea­ción, el 29 de julio, del Comité Ejecutivo Jurídico del Frente Po­pular para regular y homogeneizar las actuaciones sobre los de­tenidos. A fines de agosto, este organismo se disgrega en otros dos: por un lado, el Tribunal Popular encargado de juzgar a los detenidos por delitos de rebelión y sedición y contra la Seguri­dad del Estado y por el otro, la Dirección General de Justicia. El Tribunal Popular estaría compuesto por tres magistrados judi­ciales y catorce jurados, nombrados por los partidos y sindica­tos del Frente Popular, a razón de dos por cada uno de ellos. La presidencia recayó en Roberto Álvarez Eguren, actuando junto con los abogados Ramón Mendaro Sañudo y Francisco de la Mo­ra y de la Gándara. Este tribunal empezó a ejercer el 19 de sep­tiembre y su ámbito se limitó a los delitos cometidos por milita­res o paisanos que hubiesen hecho uso de armas (presuntos de­sertores, prisioneros de guerra capturados en los frentes de la Cordillera, tripulantes del "bou" Tiburón, falangistas sublevados en Potes y en Espinosa de los Monteros).
 
La Dirección General de Justicia fue ocupada por un activis­ta de la CNT, Teodoro Quijano, encuadernador de profesión. Su función era centralizar los informes de los enemigos políticos fa­cilitados por los frentes populares locales, para ingresar a los de­tenidos en las cárceles de Santander.
 
Paralelamente, se creó la Comisión de Policía del Frente Po­pular para encarrilar las acciones represivas contra desafectos y enemigos del régimen republicano. A su frente se colocó a Ma­nuel Neila Martín, antiguo dependiente de tejidos. Personaje tris­temente célebre, por ser el último responsable de la eliminación de gran parte de los asesinados en Santander, de practicar tortu­ras a los presos, de robar sus pertenencias y acumular una gran fortuna personal.
 
Las comisiones de Policía, luego conocidas como checas, se difundieron en la capital y provincia. Torrelavega, Castro Urdiales, Los Corrales de Buelna, Reinosa, incluso pequeños pueblos como Viérnoles, Rocamundo y Piedras Luengas, fueron sedes de estos centros de detención, palizas, paseos y desapariciones.
 
Las checas de Piedras Luengas, Rocamundo y Reinosa, pró­ximas a los frentes de combate y más alejadas de la capital, actuaron de forma autónoma, independiente de la jurisdicción de Neila, pero su actuación bárbara nada tenía que desmerecer respecto a la de aquél.
 
En Reinosa, el jefe de Policía del Frente Popular, Miguel Aguado Cadelo, "sacaba" a los presos en camiones. En la carre­tera del Saja, les mandaba bajar para ser ametrallados, algunos fueron terriblemente torturados. Era otro de los personajes de firmes convicciones ideológicas que entendían que no se podía transformar la sociedad, sin eliminar a los que se oponían a los cambios político - sociales.
 
Estos métodos de eliminación escandalizaron a sus propios correligionarios. El alcalde socialista de Campoo de Suso se in­terpuso delante de uno de los vehículos y afirmó que si salían, tenían que pasar por encima de su cadáver. Afortunadamente, los propósitos no se llevaron a cabo, pero el alcalde fue despla­zado al frente como comisario político, con miedo a que atenta­sen contra su propia vida, y expuesto a los rigores y peligros del combate.
 
La actuación represiva de los frentes populares locales fue muy dispar. En muchos municipios se intentó proteger la vida de las personas, en otros se participó activamente en la muerte de convecinos derechistas.
 
La literatura justificativa o interpretativa de la represión re­publicana suaviza y califica a ésta como propia de incontrola­dos. ¿Eran o estaban, estos personajes, incontrolados? O más bien eran fruto del descontrol, en cuyo caso les adjetivaremos como descontrolados.
 
Las violencias del Frente Popular obedecían a un estado de opinión que calificamos de "dictadura social". Por dictadura so­cial, entendemos una imposición de capas sociales histórica­mente sometidas, administrada por poderes locales, amalgamada por ideologías afines fraguadas en la lucha de clases como premisa fundamental. La represión fue ejercida por la vanguar­dia de este estado de opinión y respondía a iniciativas indivi­duales de hombres que o bien tenían las "ideas" firmes y muy claras o eran mezquinos personajillos, sin ideología, "aprove­chados" de la situación, carentes de escrúpulos morales y enor­memente mezquinos.
 
La respuesta de las autoridades del Frente Popular se carac­terizó por la dejación, a la hora de pedir responsabilidades, sin tratar de situar a estos ejemplares en otros puestos, lejos del ám­bito represivo. Parece ser que la táctica de alejamiento consistió en promocionar a los más concienciados a cargos militares y les confiaron mandos de batallones por "méritos de guerra".
 
Respecto a los considerados execrables, sin ningún tipo de principios ¿quién fue el responsable de la elección de Neila?
 
Neila fue el peor producto humano que puede originar una guerra civil. En uno y otro bando, se reprodujeron elementos similares de la peor caterva. Neila fue, sin duda, un criminal de guerra.
 
Algunas fuentes apuntan que era un hombre de con­fianza de Bruno Alonso; otras señalan su proximidad a Ruiz Olazarán, argumentando que tres de sus hermanos (Enrique, Emi­lio y Clemente) eran policías a sus órdenes. Neila sostenía con­versaciones frecuentes relacionadas con asuntos de despacho con Ruiz Olazarán y por lo tanto al corriente de la situación en muchos de sus aspectos más terribles. Caída Santander, Neila se refugió en Bayona, donde fue detenido en marzo de 1938 por apropiación ilegal de dinero y joyas, por haber hecho ejecutar en Santander a centenares de personas (entre ellas súbditos fran­ceses). Solicitaron, sin éxito, su extradición tanto las autoridades de Burgos como el comité de la CNT de Barcelona. Seguidamente se instaló en Méjico en donde arrepentido de su oscuro pasado, se convirtió en un devoto practicante del catolicismo, en un "santurrón" amparado por el arrepentimiento que la Igle­sia prodiga a los hijos descarriados.
 
 
LA PERSECUCIÓN RELIGIOSA
 
La persecución religiosa constituye por sí misma un baldón de deshonor en el deber de la República. Cientos de páginas se han escrito para justificar o tra­tar de entender este terrible fenómeno. Que si la Iglesia estaba al lado del poder, de los ricos, que si era un vehículo de opre­sión, que si estaba en contra de La República, etc. Muchos his­toriadores explican las matanzas anticlericales basándose en el odio a la Iglesia de las capas populares y sectores de la burgue­sía progresista. También había (hay) odio contra los judíos, pe­ro no por ello explicamos el holocausto nazi argumentando la preexistencia del antisemitismo. Ambos fenómenos son simila­res en sus orígenes. No se corrige una opresión con una aberra­ción. Se diga lo que se diga nunca podremos entender la mag­nitud que alcanzó la oleada anticlerical, sino acudiendo a los mi­tos de los que son pasto algunas minorías o grupos dentro de la imprevisible condición humana.
 
En Cantabria fueron prácticamente exterminados los frailes de los conventos y seminarios diseminados por su geografía. Los 19 trapenses de Cóbreces, los 19 dominicos de Las Caldas y de Montesclaros, los 3 capuchinos de Montehano, 9 jesuitas y 9 se­minaristas de Comillas. Cabría esperar una muerte con el menor sufrimiento dentro del menos malo de los casos. No.
 
La mayoría de sus miembros fueron amordazados, vitupera­dos, objeto de blasfemias e insultos, palizas, algunos castrados, otros quemados, o atados de pies y manos y arrojados en las pro­ximidades de la isla de Mouro previo palancazo en la cabeza. Por no hablar de las vejaciones, insultos, humillaciones que de­gradaban a cualquier ser humano.
 
La represión afectó también a las organizaciones laicas. El mero hecho de pertenecer a una organización católica era moti­vo de detención y posible asesinato. Estas organizaciones habí­an prohibido a sus miembros, bajo anatema de conciencia, que jamás respondieran a las provocaciones con armas. Lo que, di­cho sea de paso, contribuyó a que muchos jóvenes pasaran a Fa­lange que les eximía de escrúpulos religiosos.
 
La Juventud Católica era una vigorosa organización que con­taba en Cantabria el 18 de julio de 1936 con 115 centros de la Ju­ventud Católica. Perdieron la vida 240 jóvenes de Acción Católi­ca y 21 sacerdotes- consiliarios. (6)
 
En Cantabria, el colectivo más represaliado fue el clero, con 161 víctimas, (7) aunque posteriores investigaciones han am­pliado la cifra a 187.
 
Ningún estamento poderoso (Ejército, Burguesía) recibió un mazazo tan brutal. El rumor más extendido para desalojar y detener a los frailes era que tenían depósitos de armas (rumor generalmente falso, pero rumor convicto, al fin y al cabo, y ob­jeto de las creencias populares). Todavía hoy en películas, en libros se repite la figura de frailes disparando, y a pesar de que 'existieron, fueron rarísimas excepciones, convertidas por la fuerza de la propaganda en norma. Imágenes descontextualizadas en las que se olvida la natural inclinación del ser huma­no a defenderse cuando experimenta que su vida corre peligro. En esos casos, la doctrina de poner la otra mejilla tiene muy po­ca efectividad.
 
Otra de las imputaciones consistía en captar emisoras de ra­dio facciosas (algo más frecuente). Si hubieran hecho uso de ar­mas, quizás hubiera habido mayores prevenciones. Desgracia­damente, el género humano se manifiesta más cruel con el in­defenso. Porque generalmente fueron atacados por su excesiva vulnerabilidad. Era más fácil detener a un clérigo que a los fa­langistas armados emboscados. Éstos disparaban y los milicia­nos preferían blancos más fáciles.
 
La inexistencia de hijos reconocidos o reconocibles, de es­posa pública, hizo que los crímenes se hicieran más permeables al olvido, más frágiles en el recuerdo de la pequeña memoria. En compensación, la Iglesia dentro de sus propias normas, ha elevado a algunos de estos mártires a la santidad.
 
La represión anticlerical fue un fenómeno protagonizado por huestes urbanas. Muchos factores influyen en el anticlerica­lismo. Empezaremos por los más pedestres y populares. Se en­vidiaba al cura (vivir como un cura), ocupaban una posición vi­sible en la sociedad (vestidos con sotana), se recelaba de su lenguaje de buenas palabras, de su mansedumbre peligrosa, de su fácil acceso al mundo femenino, de sus supuestos atributos se­xuales, de su vida oculta. Subyacían complejos machistas ex­presados en refranes, chistes, canciones obscenas, burdas re­producidos en periódicos anticlericales y que explican la abun­dancia de víctimas entre los frailes, o las castraciones que sufrie­ron, en comparación con las de las monjas (a las que dejaron re­lativamente en paz). Los gobernantes republicanos se dejaron llevar por la vena populista que tenía el anticlericalismo en Es­paña y le señalaron como chivo expiatorio de los problemas del país en un grave ejercicio de irresponsabilidad por sus trágicas y abrasadoras consecuencias. No se puede prescindir de una tra­dición de siglos de golpe y plumazo utilizando la confrontación en lugar de una negociación y una política de pequeños pasos. No podemos utilizar chivos expiatorios, sacrificios rituales con­tra los que tienen algún rasgo, un modo de vida distinto. Sean curas, judíos, bosnios, gitanos, croatas, maestros, periodistas, moros, seguidores del Barcelona o del Madrid. Porque mañana se volverá contra nosotros mismos.
 
A fines de 1936, la Iglesia de Cantabria fue reducida a la na­da. Sus miembros encarcelados, desaparecidos, fusilados, aho­gados, algunos castrados. Las iglesias desvalijadas, quemadas, convertidas en cenizas, en almacenes, depósitos, cuarteles. Y to­davía no existía la "Carta de los obispos españoles al Episcopa­do mundial" declarando la guerra como cruzada contra el ateís­mo, el marxismo y el materialismo (publicada el 1 de julio de 1937). Se dirá que mataron a los curas de vida poco edificante, pero no, también a los que se distinguieron por su ayuda a los demás, a los de acrisoladas virtudes, a los que llevaban una vida ejemplar. Muchos frentepopulistas entendían que no se hacía la revolución sin matar al cura.
 
 
SANTUARIO DE MONTESCLAROS
 
En el Santuario de Montesclaros, centro de peregri­nación de la comarca, donde se venera a la patrona de Campoo, fue exterminada toda la comunidad de dominicos. Uno de ellos, Eugenio Andrés Amor, de 77 años, que servía la ermita de Sotillo intentó ganar territorio rebelde junto con el joven de la familia que le había acogido, Donato Ro­dríguez. Capturados por el Frente Popular local, fueron atados a la cola de un caballo hasta llegar al pueblo de Sotillo. Al reli­gioso dominico, le castraron con las tenazas para "capar" los cer­dos. Para acallar sus gritos, pusieron en marcha la bocina de un camión. Sobran los comentarios. No encuentro justificación al­guna a una muerte tan atroz.
 
La comunidad de Montesclaros, integrada por cuatro frailes, fue dispersada el 16 de agosto de 1936, pasando a vivir en do­micilios particulares. Se presentaron como religiosos en el co­mité de Reinosa y fueron encarcelados en la prisión habilitada del colegio San José. Sacados por la policía de Reinosa, resulta­ron fusilados en sucesivas expediciones, en el monte Saja el 29 de septiembre, 17 y 22 de octubre de 1936. Se trataba de los Pa­dres Estanislao García Obeso (fundador en Lavapiés de Escue­las gratuitas para hijos de obreros), Germán Caballero Atienza (antiguo misionero en México, Costa Rica y El Salvador), José Antonio Menéndez García (cantor, organista y bibliotecario) y el Hermano Victoriano Ibáñez Alonso (cuidador del convento). Con un ¡Hasta la eternidad! les despidieron.
 
El santuario compuesto de iglesia, residencia, hospedería, cocina y biblioteca fue incautado por el Frente Popular. La bi­blioteca resultó desvalijada. La talla de la Virgen fue fusilada el 19 de marzo de 1937 por la 14° Brigada de Choque denominada "Los Diablos Rojos" que congregaron una multitud de 800 mili­cianos y que provocó un tremendo impacto en el imaginario co­lectivo de la comarca durante la posguerra.
 
 
LA PERSECUCIÓN DEL CLERO SECULAR
 
La persecución del clero secular tenía como objetivo descabezar al catolicismo social y político para ad­quirir la hegemonía en el ámbito rural. En el caso de los sindicatos católicos, detenido o fusilado el cura, edificios, en­seres, fondos, socios y personal eran trasvasados a los Sindica­tos de clase (Casas Campesinas).
 
También fueron fusilados sacerdotes sorprendidos diciendo misa en público (los primeros meses) o en privado (el resto de la dominación izquierdista). El culto público estuvo prohibido, pero la disposición admitía la práctica en privado.
 
La catalogación de los templos como edificios suntuarios, inútiles, de enorme poder simbólico, objeto de piromanías en la primavera de 1936, explican este afán por la piqueta destructo­ra contra los templos. Se adujeron razones estéticas para reordenar las ciudades en un plano funcional e ideológico, pero en el fondo subyacía la necesidad de hacer tabla rasa de la Histo­ria, aunque equivaliera a la destrucción del tesoro artístico lega­do por las generaciones precedentes. Que se adujeran razones estéticas indica altas dosis de dogmatismo, además de un gusto, una sensibilidad y unos prejuicios aberrantes.
 
Según el Boletín Oficial Eclesiástico ciento dos iglesias y er­mitas, corrieron la misma suerte de derribo, ciento setenta y cin­co fueron desmanteladas, setecientos sesenta y cinco retablos, 3.217 imágenes y 462 confesionarios fueron destruidos.
 
En Campoo, que entonces pertenecía a la diócesis de Bur­gos, fue habilitada para cuartel la colegiata de San Martín de Elines con la consiguiente destrucción de algunos tesoros artísti­cos.
 
De las iglesias salían los objetos de oro, plata y otros meta­les, ornamentos sagrados. Una de las primeras órdenes del co­mandante militar fue el derribo de campanas para ser reutilizadas en la fabricación de cañones. Con los ornamentos y telas de la iglesia se hacían prendas y ropas de vestir para los milicianos y se confeccionaban en talleres donde ocupaban a las mujeres de derechas.
 
La movilización hacia los frentes y las necesidades creadas por la guerra y la revolución procuraban asimismo el mayor gra­do de movilidad social conocido hasta la fecha: obreros y cam­pesinos se transformaban en suboficiales y oficiales de milicias, del Ejército, en pilotos de aviones, en cargos administrativos.
 
Pero la revolución produce también sus servidumbres: la servidumbre del cansancio y del hastío de la trasgresión conti­nua, de la necesidad de organización y administración de las personas y de las cosas junto a las realidades que impone una guerra cruel con la secuela de muertos y heridos.
 
La dura realidad de los bombardeos y las propias necesida­des de la guerra exigían la construcción de refugios mediante aportaciones económicas o trabajo personal en el que eran en­cuadrados hombres no movilizados y mujeres. Allí donde no lle­gan los refugios, en los pueblos, como Santiurde de Reinosa, los vecinos se instalan en la llamada cueva Juan Marín como lugar de residencia.
 
Dentro de ella cada familia establece un espacio con su jergón y enseres.
 
En Reinosa serán los túneles de ferrocarril en dirección a Santander los que sirvan para ahuyentar los bombardeos. El co­mité del Frente Popular habilitó un tren que se formaba en Cañeda para atemperar el frío de la espera. Los refugiados ascen­dían al mismo dentro de los túneles y esperaban a que la acción transcurriera.
 
En los pueblos de Valdebezana, muy castigados por la avia­ción nacional al ser área de concentración de tropas; los lugare­ños se escondían entre las pilas de paja. El ruido ensordecedor y la destrucción implacable de la aviación son algo que la po­blación, y sobre todo los que entonces eran niños, recuerdan con pavor.
 
En Cabañas de Virtus (Burgos), se estableció la Brigada Dis­ciplinaria Santanderina (dependiente del Comisariado de Gue­rra y no de una unidad militar) nutrida con presos derechistas dedicados a la construcción de fortificaciones en las líneas del frente. En la retirada hacia Asturias, la Disciplinaria quedó lite­ralmente diezmada al ser fusilados en tandas sucesivas en El Es­cudo, Luena, La Franca y Nueva, ya en Asturias. De 135, sobre­vivieron 42, rescatados en Gijón.
 
La Brigada estaba al mando del socialista Mateo Pérez Rasi­lla con la categoría de comandante, nombrado por el comisario general de Guerra, Jesús González Malo. Pérez Rasilla era un via­jante de comercio, vecino de Los Corrales. Había estado en Ar­gentina durante su juventud, de ahí que fuera conocido como "el Che". Se exilió en Francia tras los sucesos revolucionarios de 1934 y ocupó el cargo de delegado del Gobierno en esta locali­dad en la primavera de 1936.
 
La vida en la Brigada fue terriblemente dura para los inter­nados. Nació concebida como campo de reeducación y de tra­bajos forzados. Pero los métodos fueron brutales. Los castigados fueron uniformados con pantalones blancos para que resultaran más visibles en las inmediaciones del frente. El día 1 de mayo de 1937 el propio "Che" golpeó brutalmente a Pedro Pato Iglesias con el pretexto de que no cantaba con ganas La Internacional. En los meses de mayo a junio de 1937 perdió la vida un mucha­cho asturiano que intentó pasarse a la zona nacional, haciéndo­le antes cavar su propia fosa. En julio, fue martirizado el sacer­dote Arsenio García Lavín, párroco de Cerrazo, al que maltrata­ron durante varios días para obligarle a blasfemar sin conseguir­lo. Murió perdonando a sus verdugos "No conseguiréis jamás que blasfeme: podéis matarme, si queréis; yo, además, os per­dono", afirmó antes de caer fusilado.
 
El sueño revolucionario comenzaba a terminarse sin acabar el verano del 36. Las consignas transformadoras son sustituidas por los llamamientos a la disciplina y a la lucha contra el invasor extranjero o contra el imperialismo alemán e italiano "que pre­tenden hacer de España la primera colonia de Europa".
 
El gobierno republicano reconstruyó un nuevo Estado tras convertir en derecho las situaciones de hecho e integraba a aquellos hombres y mujeres en los aparatos militares y civiles convirtiendo a los comités en comisiones gestoras y consejos municipales, a las milicias en unidades militares y a los milicia­nos en soldados.
 
 
LA REPRESIÓN FRANQUISTA
 
Las tropas franquistas materializan su entrada en Rei­nosa el 16 de agosto de 1937, en Torrelavega el 24 y en Santander el 26. Parte de los combatientes repu­blicanos quedan embolsados en Valderredible tras la maniobra de ocupación envolvente de Reinosa, o en Santander después del corte de las comunicaciones con Asturias por Barreda.
 
"¡Vámonos!, ¡Vámonos que nos matan a todos!", clamaban los dirigentes del Frente Popular. Riadas de caravanas, carros, vacas se dirigieron por las carreteras que descienden hasta la ca­pital. En Santander, Felipe Matarranz vio como algunas personas se tiraban de los pisos, coches que se precipitaban a la bahía y grupos abrazados en torno a una bomba para inmolarse al grito de ¡Viva La República! y caer despanzurrados. La entrada vino precedida de intensos bombardeos en los vías de penetración por los valles cántabros como anuncio de lo que se avecinaba.
 
Comenta la corresponsal de guerra Virginia Cowles que uno de los oficiales que rodeaban al general Dávila en el palacio de la Magdalena, horas antes ocupado por Aguirre, el presidente vasco, espetó:
 
-"Sólo hay una forma de tratar a los rojos, matarlos."
 
Y añade:
 
"Muchos de los pueblos estaban abandonados; las puertas de las casas estaban cerradas... porque había con frecuencia oí­do a los republicanos hablar del terror que causaba a la gente la entrada de los fascistas y los moros", recalca la corresponsal americana."
 
La represión franquista abarca las ejecuciones, las cárceles, los campos de concentración y brigadas de trabajadores, las de­puraciones, las incautaciones y los embargos, la emigración y el exilio.
 
En las ejecuciones, hemos de distinguir las legales que se aplicaban como resultado de los procedimientos de urgencia, sumarísimos u ordinarios y las muertes que fueron fruto de ven­ganzas privadas conocidas con el nombre de "paseos".
 
A los soldados del ejército republicano se les ordenó la pre­sentación a las nuevas autoridades militares. Recluidos en la Pla­za de Toros y en La Magdalena, trasladados a los campos de con­centración de Corbán, Medina de Rioseco, Miranda de Ebro, Valdenoceda, Orduña, serán clasificados en virtud de los informes de convecinos y autoridades locales.
 
A últimos de septiembre comenzarán los fusilamientos. En Cantabria el total de víctimas de la represión franquista oscila en torno a las 2.001 personas, de las que 1.266 fueron ejecutadas por Consejos de Guerra y 735 por métodos irregulares (los co­nocidos "paseos"). Si sumamos 64 caídos en el campo de con­centración nazi de Mathausen, 387, al menos, muertos en cárce­les franquistas, 75 guerrilleros (y 33 forasteros) masacrados en las montañas o bajo el piquete de ejecución, la cifra asciende a 2.529 cántabros. La barbarie causó también la exterminación fí­sica de casi 800 presos forasteros en cárceles cántabras, sobre to­do, en el Penal del Dueso.
 
El eje de la represión organizada coincide con las capitales municipales y la forma de T que configura la industrialización de la región: corredor industrial del Besaya a lo largo de la vía de comunicación Santander - entorno de la bahía santanderina con los núcleos de Astillero y Camargo, Torrelavega hasta Rei­nosa y poblaciones de la costa oriental (Castro Urdiales, Laredo, Santoña).
 
La represión franquista se centró en todos aquellos que hu­bieran tenido algún cargo en la vida política (comités), sindical o militar (comisarios políticos, comandantes, capitanes y tenien­tes de milicias). Respecto a los militares profesionales, las ejecuciones afectaron a los suboficiales, sobre todo brigadas del anti­guo Regimiento Valencia de las guarniciones de Santander y Santoña.
 
Los fusilamientos perseguían el control de las comunicacio­nes, por ello también se efectuaron en poblaciones situadas a lo largo de las vías de penetración a través de las carreteras y fe­rrocarril procedentes de Vizcaya, Palencia y Burgos.
 
Destaca también la alta proporción de personas relaciona­das con las comunicaciones que fueron ejecutadas (chóferes, fe­rroviarios y telegrafistas).
 
Como fondo de las acusaciones se establecieron culpas co­lectivas (la masacre de los guardias civiles y la detención del ca­pitán Sanjurjo en Campoo, la muerte de los hermanos Cossío en Cabezón de la Sal, el asalto al barco-prisión en Santander y mu­nicipios circundantes, las muertes en las checas de Santander, Castro Urdiales y Piedras Luengas, la persecución de falangistas emboscados en Los Corrales de Buelna, Castro Urdiales, Entrambasaguas, Miera y otros lugares de la costa oriental. Se castigaron poblaciones donde habían nacido los líderes de la iz­quierda como Los Tojos, patria chica del dirigente de Izquierda Republicana Ruiz Rebollo, Castillo Siete Villas (en el municipio de Arnuero) lugar de nacimiento del dirigente y diputado socia­lista Bruno Alonso y en Escalada (Burgos), tierra de los antepa­sados de Manuel Azaña.
 
 
LAS CIFRAS DE LA REPRESIÓN EN CANTABRIA Y CAMPOO
 
En términos absolutos, las cifras mayores de ejecu­tados se ubican en la capital santanderina, Torrela­vega, Reinosa, Santoña, Camargo, Castro Urdiales, Los Corrales de Buelna, Astillero y Piélagos, los núcleos más in­dustrializados.
 
En términos relativos, el eje industrial del Besaya (4,79%°) y la comarca de Campoo (4,57%°) seguidos del partido judicial de Santoña (4,45 %°), y por este orden, presentan unas tasas simila­res de fusilamientos por Consejos de Guerra, descendiendo os­tensiblemente en la costa occidental (2,62%°), la comarca Tudanca-Cabuérniga (2,37%°), la de Laredo (2,04%°), Asón (1,60%°) y Liébana (1,57%°).
 
Por comarcas, los mayores índices proporcionales de la re­presión franquista contemplada en la totalidad de ejecuciones, violencia extrajudicial ("paseos") y muertos en las cárceles, se registran en Campoo. Las correcciones en la comarca de Cam­poo, corregidas al alza respecto al anterior trabajo, nos dan una cifra de 166 ejecutados, 97 paseados, 46 desaparecidos, 12 muer­tos en enfrentamientos guerrilleros, 57 muertos en la cárcel, 4 muertos en el campo de concentración alemán de Gusen hasta llegar a un total de 382 víctimas para una población de 36.316 habitantes en 1930 (10,52 por mil de la población de hecho).
 
Le siguen la comarca del Besaya con capitalidad en Torrela­vega, la del Miera con centro en Santoña y Santander con su periferia industrial (Astillero, Camargo y Villaescusa).
 
 
LA VIDA EN LAS CÁRCELES
 
Hacinamiento, hambre, penalidades, traslados, vejaciones, enfermedades y muerte iban a caracterizar a vida de los prisioneros. Cosas tan inapreciables cuando se disfruta de la libertad, como la carencia de servicios higiénicos y la humillación de hacer las necesidades delante de extraños en la propia escudilla en la que comían; la aglomeración de presos durmiendo espal­da con espalda en la que era im­posible el cambio de postura du­rante la noche; el despojamiento de los relojes y la pérdida de la noción del tiempo perdidos en lugares lúgubres, fríos, extra­ños, a veces a cientos de kilóme­tros de sus casas, nos dan una idea del sufrimiento de centena­res de presos y del ataque contra la dignidad humana.
 
De Atilano Alonso, un maes­tro de un pueblecito cercano a Aguilar de Campoo hoy sumer­gido por el Pantano, (9) entresa­camos los consecuentes párra­fos de la comida en Tabacalera:
 
"La vida para los penados (en Tabacalera) se regía por un toque de corneta a las 6 de la mañana, recogida de catres y petates, barrido de la nave y sa­cudida de mantas y colchones, lo que formaba una atmósfera de espeso polvo que se podía cor­tara cuchillo.
 
Basta decir que dejado el plato de hierro sobre el catre boca abajo, a la hora de la comida se podía escribir sobre el polvillo posado en él. Bajo esta pestilente atmósfera nos servían el "sucu­lento " desayuno, consistente en agua hervida con malta edulco­rada con sacarina. Nada de materia nutritiva, a no ser las pol­vorientas partículas que caían en el reparto y al ingerirlo, en­contrar azúcar.
Antes o después del desayuno nos formaban en filas... con el brazo derecho a lo fascista, y nos hacían cantar el Cara al Sol, sangrante ironía para quienes pasábamos más de 20 horas... a la sombra. Se terminaba con los gritos de "¡España una, grande, libre!" coreados por los reclusos y el ¡Arriba España! de rigor. To­das estas monsergas las iniciaba el guardián de turno.
 
Como solía formar lo más lejos posible del guardián, oía có­mo más de uno, entre los gritos del resto contestaba con un "Vi­va la República" que le podía haber costado caro."
 
Las palizas, degradaciones y malos tratos no solamente físi­cos, eran el pan nuestro de cada día.
 
Como cuenta Atilano Alon­so de las cárceles de Reinosa:
 
En las prisiones de Reinosa, un guardián de indeseable catadu­ra profería cosas como ésta, según nos recuerda Atilano Alonso.
 
"... en otra triste ocasión con un albañil al que delante de to­dos le dijo "Quítate esa chaqueta de cuero que llevas puesta y las botas, que las necesitan más que tú los soldados nacionales en el frente, porque mañana te van a fusilar y, por tanto, esas pren­das no las necesitas".
 
El albañil era un fornido mozo nada pusilánime y con ra­bioso coraje le contestó llamándole cobarde, canalla y miserable y que no tenía cojones a pesar de ir armado con una pistola, de quitarle las aludidas prendas, pues eran suyas y no se las había robado a nadie como él quería hacer con ellas. Él, que era va­lentón ante hombres inermes, se quedó medroso - era un castra­do- y no se atrevió a acercarse, pero sabíamos que sus tenebro­sas predicciones, por desgracia, eran ciertas y al día siguiente fu­silaron al albañil con varios desdichados."
 
A un joven casado, delante de todos le dijo estas humillantes y desvergonzadas palabras: "No me gusta nada tu mujer jodiendo, es muy sosa".
 
Si bien las víctimas de los republicanos fueron honradas en su momento, los republicanos quedaron olvidados en las fosas comunes y las cunetas. Una básica obligación moral nos impone su rescate del descrédito y el olvido que pesa sobre su me­moria, tantas veces vituperada, acusados inocentemente en vir­tud de denuncias falsas. Una pesada losa que tuvieron que arras­trar sus herederos y deudos vituperados como "rojos" durante el franquismo, la tragedia de la pérdida del ser querido y la de su dignidad manchada por la dictadura. Sobre ese pasado se ha ci­mentado una buena parte de la Historia reciente de España y es necesario conocerlo.
 
Una muestra visible de esta horrorosa práctica de la delación la tenemos en el testimonio de una de las víctimas. Una Junta de denuncias en Matamorosa condena injusta y de forma mezqui­na y artera a Crisanto Mencía del Barrio, todo porque tenía un almacén de piensos. Era vecino de Matamorosa - Enmedio, con petición fiscal de pena de muerte, en el Consejo de Guerra celebrado el día 12 de enero en Reinosa:
 
"Que sin duda existe una mala interpretación sobre los car­gos que se me hacen o han procedido con mala intención los denunciantes, puesto que en modo alguno se me puede considerar responsable por acción ni por inducción en la muerte del sacer­dote del lugar asesinado por los marxistas y sin duda por inicia­tiva del comunista Vicente Hernández. Escuetamente he de con­signar que era permanente toda mi consideración, que me hon­raba en su amistad y que había vivido en mi propia casa durante dos años consecutivos.
 
Si los vecinos de Matamorosa - Enmedio - más destacados y calificados de derechas, quieren informar con arreglo a su leal conocimiento de los hechos, tengo la seguridad de que ninguno es capaz de imputarme tal asesinato, del que no sólo no soy autor, como dije, sino que repugna abiertamente a mi manera de proceder y condené públicamente al tener conocimiento de su realización...
 
Cierto es limo. Sr. Yo no he negado mi actuación cerca del frente popular, pero ...Mi comercio de harinas proveyó a marxistas y derechistas, antes y después del Movimiento Nacional, unos y otros han dejado sumas importantes sin pagar, conviene mucho que desaparezca el propietario y acreedor para que esas cuentas queden impagadas. Pero se equivocan, la justicia pue­de padecer, por falsa información u error disculpable, pero al fin resplandece y en este caso ya sabrá incautarse de esos créditos para que beneficien al Estado Español, tan necesitado de todos nuestros esfuerzos y que aunque detenido y encartado con cali­ficación tan grave, dentro de mi humildad y anulada actividad de momento, deseo fervientemente ayudar y para ello declaro que según mis libros son varios miles de pesetas los que pueden resguardarme de clientes morosos y hoy mal agradecidos...
 
Por lo tanto:
 
Suplico a V. S. Que por la sinceridad de mis manifestaciones, por la facilidad que ha de encontrar para confirmarlas y espe­cialmente para evitar el baldón a mis inocentes hijos..."
 
Dios guarde a V.E. Muchos años. Prisión de San José en Rei­nosa el 25 de enero de 1938".
 
De nada sirvió. Este hombre nacido en Argüeso el 25 de oc­tubre de 1891, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Enme­dio por el PSOE, fue fusilado en Derio (Bilbao) el 24 de octubre de 1938.
 
Algo similar le ocurre a otro condenado en aquel Con­sejo de Guerra. Se trataba del reinosano Sebastián Morán Ruiz, de 26 años, mecanógrafo, soltero, acusado de dar muerte a la jo­ven Evangelina de la localidad de Susilla (Valderredible). Cuan­do su padre presenta pruebas de la no intervención, su hijo ha­bía sido fusilado en Bilbao el 14 de diciembre de 1939.
 
Las denuncias falsas sumían en una doble pena al condena­do: a la eliminación física se sumaba el estigma de la memoria para sus herederos, la exterminación moral y la deshonra tras su desaparición.
 
Los denunciantes estaban impulsados, estimulados, induci­dos por el artículo 3o del Bando del general Dávila, de 28 de agosto de 1938 que obligaba de forma ineludible a denunciar los hechos delictivos acaecidos de los que se tengan conocimiento en los trece meses de gobierno bajo pena de ser tenido por reo de adhesión a la rebelión. Pero el cuadro de terror, impulsaba a los condenados por supuestos delitos de sangre a imputar esos delitos a otros, extendiéndose así el triste espectáculo de los ca­reos entre presos y la delación en cascada de los que vieron, hi­cieron u oyeron algo sobre el delito imputado.
 
 
REPRESIÓN ILEGAL: LA CUESTIÓN DE LOS PASEADOS Y DESAPARECIDOS
 
Además de los ejecutados por Consejo de Guerra, existía una represión ilegal en forma de "paseos", sacas de cárceles, de campos de concentración o de fábricas, fusilamientos de prisioneros en el frente o a la entrada de las tropas franquistas. La represión arbitraria en el conjunto de Cantabria pudo afectar a 735 víctimas.
 
 
EL TRIBUNAL DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS
En lo que atañe al Tribunal de Responsabilidades políticas, las miras se dirigen a los particulares, toda vez que las entidades colectivas ya fueron puestas bajo la lupa de la Comisión. Las sanciones más altas se impusieron al coronel (de ideología derechista) de la Guardia Civil Indalecio Terán Arnáiz y al médico republicano Enrique Madrazo a los que se multó con un millón de pesetas de la épo­ca a cada uno, después de haberles sido conmutada la pena de muerte.
 
El Tribunal castigó a republicanos exiliados, familiares de fusilados, pero también a personas de ideología liberal e in­cluso de la derecha moderada que se sentía alejada de los pos­tulados del conflicto o de "la causa" de los sublevados. Las multas estaban en función de los bienes de los inculpados, por lo que las cantidades mayores se impusieron a propietarios "dudosos", comerciantes y miembros de las profesiones libe­rales (abogados y médicos) y republicanos históricos, entre ellos al líder socialista Bruno Alonso, a los hermanos Leoncio y Gregorio Villarías, los doctores en medicina Madrazo, Ferreolo Postigo (alcalde de Valderredible de Izquierda Republica­na) y Ángel Cuevas (médico de Santillana del Mar) o al aboga­do y registrador de la propiedad torrelaveguense Francisco Ve­ga de la Iglesia y Manteca, que había sido diputado Radical, di­rector general de Prisiones con el Gobierno Lerroux - Gil Ro­bles y ex - vocal suplente del Tribunal de Garantías.
 
Estas sanciones suponían la ruina de las personas de eco­nomía desahogada consideradas desafectas, pero debemos te­ner en cuenta que multas en torno a las 1.000 y 5.000 pesetas impuestas a los miembros de las clases populares constituían una verdadera tragedia para las economías humildes, muchas con la desgracia añadida del fusilamiento o la prisión del ca­beza de familia.
 
FERREOLO POSTIGO FERNÁNDEZ, natural de Barcena de Ebro y vecino de Polientes, casado, médico, 46 años, en sen­tencia 2853 del tribunal de Responsabilidades Políticas en Burgos el 21 de septiembre de 1941 condenado a pena de muerte luego conmutada por un delito de adhesión a la rebe­lión en Consejo de Guerra núm. 4 en Reinosa el 20 de octubre de 1937 en causa 1.350/3 7 "fue el principal dirigente de las iz­quierdas en todos los pueblos del Valle de Valderredible, to­mando activa propaganda antes de las elecciones y vocal del Frente Popular después del Alzamiento Nacional, auxiliando al mando rojo en las operaciones de Loma de Montija, tenien­do declarado el procesado que si en lugar de inclinarse a las iz­quierdas lo hubiera hecho a las derechas le hubieran seguido todas las personas del valle, ha injuriado a sacerdotes y a per­sonas de derechas. Hechos que el Tribunal califica como gra­ves.
 
SEGUNDO RESULTANDO: Que los bienes que resultan de la propiedad del expedientado, ascienden a dos mil trescientas pesetas noventa pesetas en fincas con carácter de gananciales con deudas por doce mil pesetas, teniendo como cargas fami­liares la esposa y tres hijos menores de edad.
 
FALLAMOS POR UNANIMIDAD: Que debemos CONDENAR Y CONDENAMOS al expedientado FERREOLO POSTIGO FERNÁNDEZ como responsable político a la sanción de SIETE MIL PESETAS...
 
NOTAS
 
(1) Vid. Arrarás, J., Vol. V, 1984: 596 y s. s; Saiz Viadero, J.R., 1988: 56 - 57; Solar, D., 1987: 79 - 84, Gutiérrez Flores, J, 1998, Menéndez Criado, E., 2003: 103-138 y Solía Gutiérrez, M. A., 2003:141-187.
(2) Solía Gutiérrez, M. A.: 122.
(3) Causa 22/37 contra el alférez Ignacio Vecina Esteban.
(4) Sumario causa 563/37 de Burgos.
(5) Testimonio de su hijo, Luis Fernández Revuelta.
(6) Anónimo, 25 años. Apuntes para una historia de la Juven­tud Católica: 144,169.
(7) Vid. Suplemento Núm. 4 del Boletín Oficial Eclesiástico de La Diócesis de 1940.
(8) Vid. Boletín Oficial Eclesiástico del Arzobispado de Burgos.
(9) Alonso, Atilano: 1993, 312 - 318.
 
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*República, Guerra Civil y Posguerra en el valle de Cayón y Castañeda (1931-1947), El autor, Santander, 2005.
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ONTAÑÓN TOCA, ANTONIO, Rescatados del Olvido. Fosas co­munes del cementerio Civil de Santander, el autor, Santander, 2003.
Página WEB de Arija (fotos de la época republicana, guerra ci­vil y posguerra).
Página WEB de Cantabria Joven (mapas de Cantabria)
SANZ HOYA, JULIÁN, El primer franquismo en Cantabria. Fa­lange, instituciones y personal político (1937-1951), tesis docto­ral presentada en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universi­dad de Cantabria, 2003.
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SOLLA GUTIÉRREZ, MIGUEL ÁNGEL. Los inicios de la Gue­rra Civil en Cantabria. De las elecciones del Frente Popular a la constitución de la Junta de Defensa (febrero-septiembre 1936)", Trabajo de Investigación presentado en la Facultad de Filosofía
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Vicepostularía Marista (beatificaciones), Hermano Bernardo, marista mártir entre los mineros, Editorial Luis Vives, Zaragoza, 1993:350.
 
ARCHIVOS
 
85.1943. AGA: Archivo General de la Administración de Alcalá de He­nares.
85.1944. AHN Archivo Histórico Nacional: Causa General por los deli­tos graves cometidos en Santander y su provincia durante la do­minación roja (CGS). Legajo 1582-1 (Pieza Principal), 1582 - 2 y 1583 (Piezas por municipios).
85.1945. AGCS Archivo General de la Guerra Civil Española de Sala-j manca.
85.1946. A.R.R.M.N. Archivo Regional de la Región Militar Noroeste, Sec­ción Judicial, Fondo Santander.
85.1947. A.A.T.B. Archivo de Audiencia Territorial de Burgos. Fondo de Responsabilidades Políticas de Santander.
85.1948. AFSA Archivo de la Fundación Sabino Arana.
85.1949. APPS, Archivo de la Prisión Provincial de Santander.
85.1950. APD, Archivo del Penal del Dueso.
85.1951. Registros Civiles.
 
DIARIOS
 
El Cantábrico. El Diario Montañés. La Región. La Voz de Cantabria.